Se admiten las siguientes formas de prestar las garantías:

En efectivo o en certificados de inmovilización de valores de deuda pública depositados en la Caja General de Depósitos o en las Delegaciones de Economía y Hacienda de las Comunidades Autónomas o entidades locales contratantes.

Mediante aval bancario prestado por algún banco, caja de ahorros, cooperativa de crédito, establecimiento de crédito o sociedad de garantía reciproca.

Mediante contrato de seguro de caución, celebrado con una entidad aseguradora autorizada.

Mediante retención en el precio cuando así se prevea en los pliegos.

La garantía de un aval bancario y un seguro de caución es la misma. (Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas).